Lo ilegal de la represión y la suspensión arbitraria del orden constitucional

Existe un rumor, un meme, un zumbido en eso que algunos llaman imaginario colectivo, sobré porqué es injusta la represión del gobierno ejercida durante las manifestaciones callejeras aquí en México.

El planteamiento, básicamente, es que se trata de represión porque el gobierno golpea y arresta a inocentes, y eso es injusto en oposición a que el gobierno sólo debería golpear y arrestar a quienes no se manifiestan de manera pacífica (lo “pacífico” es un concepto que desmenuzaremos en otra ocasión con mayor cuidado ya que no sólo es aplicado a una omisión de conductas ilícitas sino también a la sujeción ideológica y pertenencia política).

La creencia de que este planteamiento es correcto, lleva a fabricar la obvia y sencilla solución consistente en que las personas que aseveran ser manifestantes pacíficos deben asegurarse de que la policía identifique plenamente a quienes sí deben ser reprimidos, es decir, que hay que señalarlos, acusarlos, perseguirlos, capturarlos y entregarlos a la autoridad (la misma autoridad contra la que se manifiestan porque no respeta la ley).

Es obligado refutar y revelar lo anti-ético de este papel de comisarios del buen comportamiento, para lo cual enlazo el comunicado que con fecha 14 de diciembre fue publicado por el EZLN y que trata precisamente de este tema, lo que deseo en esta ocasión es explicar porqué aún desde la perspectiva positivista del Derecho, el planteamiento base de esos comisarios es incorrecto.

Existen dos dimensiones de la actuación del gobierno respecto a los ciudadanos durante las protestas callejeras que deben observarse por separado, la individual cuando la policía captura a un manifestante y usualmente se identifica como “detención arbitraria”, y la colectiva cuando la policía ejecuta actos de contención, dispersión o encapsulamiento de un gran número de manifestantes.

Es sencillo identificar la detención arbitraria cuando un policía captura a alguien a quien no ha visto cometer un acto que a su juicio pudiese ser constitutivo de un delito, como agravante se agrega la violencia de la detención, la dilación en el traslado del detenido y la incomunicación en el centro de detención.

Las cámaras fotográficas y de video que, en manos de manifestantes y reporteros de medios de comunicación, abundan en la calle, aportan importantes documentos que evidencian lo arbitrario de la mayoría de las detenciones, las cuales parecen realizarse bajo las directrices de capturar una cuota de manifestantes a cualquier precio; varios pasos más lejos, hay motivos suficientes también para creer que existen órdenes especiales de agredir a reporteros de medios de comunicación alternativos.

Lo que resulta más complejo es identificar la dimensión colectiva de la actuación del gobierno respecto a los ciudadanos durante los eventos represivos, porque ésta se ha modificado en grados pequeños; lo que observamos en la Ciudad de México el pasado 1 de diciembre de 2012, cuando los batallones de granaderos actuaban a la defensiva y sólo agredían en el plano individual a sujetos o pequeños grupos de manifestantes aislados, y que devino a una forma más organizada y masiva de aislamiento y detención de contingentes enteros de personas.

La noche del 1 de diciembre de 2014, al término de una marcha-mitin con motivo de la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, se dieron dos eventos apenas relacionados entre sí; por una parte decenas de jóvenes destruyeron algunas vitrinas de comercios en calles aledañas a la avenida Paseo de la Reforma, lo que ocasionó la respectiva refriega con policías (persecuciones a pie, golpes, gases lacrimógenos y de extintores de fuego, así como detenciones); y por otro lado una fuerte movilización de centenares de granaderos que fueron destacados en la zona para acorralar a todo transeúnte, manifestante o no, por la buena o por la mala, y aglutinarlos dentro de un cerco formado por la propia policía, acción para la cual el gobierno emplea el eufemismo de “encapsulamiento”.

1 de diciembre de 2014, Av. Reforma, Ciudad de México.

1 de diciembre de 2014, Av. Reforma, Ciudad de México.

Así que tuvimos esa noche a la policía agrediendo con golpes, empujones, gases irritantes y amenazas a toda persona transitando en un perímetro considerablemente grande para realizar algo parecido a un movimiento de pinza, una estrategia militar aplicada sin honor contra contingentes desarmados y no agresivos que formalmente no son combatientes enemigos. Ese ridículo juego de guerra terminó en la privación ilegal de la libertad de casi un centenar de ciudadanos durante varias horas.

Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en formación para evitar confrontación entre detenidos y policías dentro del cerco.

Personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en formación para evitar confrontación entre detenidos y policías dentro del cerco.

El personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) jugó un papel en apariencia noble al formar una cadena de protección de detenidos dentro del cerco, sin embargo una foto panorámica nos deja ver que del cuadrilátero interior, sólo estaban apostados en uno de los lados, lo cual permitió la circulación de fotografías que hacían parecer que todo estaba bajo control y se protegerían los derechos de quienes, por la vía de los hechos, se encontraban privados de ellos por ese cerco.

La privación ilegal de la libertad a la que fueron sometidas todas esas personas no concluyó en términos legales. La policía y la CNDH se encargaron de sacar a las personas del cerco en grupos pequeños, trasladándolas por la fuerza a la estación del Metro Hidalgo (tren subterráneo) en donde se fotografiaba e interrogaba a cada uno, se le revisaban bolsillos, mochilas y otras pertenencias personales, para entonces forzarlos a tomar camino rumbo a los andenes de la estación y solamente así obtener su libertad.

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Eso fue a grandes rasgos lo que ocurrió aquella noche, tuvimos ese conjunto de detenciones arbitrarias realizadas con lujo de violencia sobre personas que por su apariencia la policía creyó que podrían estar relacionados con los ataques a vitrinas de comercios, y por la otra parte ese gigantesco operativo policiaco, también violento, para detener y retener masivamente a casi un centenar de personas.

En cuanto al aspecto individual que estamos analizando, las garantías constitucionales que limitan el poder del Estado para realizar aprehensiones no hacen distinción alguna entre filiaciones políticas o formas de vestir, esas garantías protegen por igual a toda persona contra una detención que se dio por razón de su vestimenta, edad, raza o condición social, sin importar (y esto es lo más importante de todo) si existía o no un contexto de violencia o infracciones a leyes. El Estado está impedido para ordenar a la policía que golpee y arreste indiscriminadamente a quien sea por falta de un mejor conocimiento sobre quién realizó una conducta ilícita determinada. El Estado no ha usado esa justificación, no deberíamos nosotros concedérsela admitiendo que no deberían romperse vidrios para evitar que la policía no arreste a quien no participó de esos actos; la ley no permite al gobernante hacer tal cosa, literalmente lo prohibe.

En lo colectivo es donde reside lo que quizás es mi mayor preocupación porque parece el tema menos explorado públicamente y el que podría considerarse el de mayor repercusión social. El operativo de arreo y detención de manifestantes y transeúntes en Av. Paseo de la Reforma violó prácticamente todo el orden constitucional: fueron suspendidos por la vía de los hechos la libertad de tránsito (Art. 11), la libertad de expresión (Art. 7), el derecho de reunión (Art. 9) y las garantías de seguridad jurídica (Arts. 19 y 20), todos ellos son fundamento de lo que se concibe como la democracia moderna, son las cadenas que impiden al Estado convertirse en una forma de organización política dictatorial.

Las personas que fueron privadas ilegalmente de su libertad durante horas a la vista de toda la nación con la colaboración de la CNDH, fueron fotografiados, interrogados y sus pertenencias cateadas, todo ello sin fundamento legal, ni ordenado por autoridad competente en ejercicio legal de sus funciones en un procedimiento establecido en la ley. Este conjunto de actos ni siquiera podría encuadrarse en los supuestos de la suspensión de garantías prevista por el artículo 29 constitucional, que sólo puede ser invocada por el Presidente de la República en eventos de extraordinaria emergencia como una invasión extranjera, y aún así, bajo una rígida supervisión de los poderes legislativo y judicial federales.

Ante la gravedad de lo ocurrido, es decir, de la suspensión arbitraria y déspota del orden constitucional esa noche, resulta ser una repulsiva complicidad con los represores acusar a una pequeña pandilla de rompe-vidrios de haber provocado tal evento, o peor aún, de ser provocadores que aportan una justificación al gobierno para hacer lo que en realidad es absolutamente injustificable desde el plano de las leyes que rigen de manera estricta el comportamiento del gobernante.

No son esos rompe-vidrios los que brindan justificación al gobierno para reprimir, son quienes demandan la represión contra ellos los que están justificando la escalada de violencia ilícita del Estado.

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